LEY 29092: ¿PROMUEVE O RETRASA EL DESARROLLO URBANO? parte final

FERNANDO SEBASTIANI

Espero que las representantes de la Municipalidad hayan tomado nota de la necesidad de señalar públicamente en la página web de la MPT a las empresas que si cumplen las normas. De ese modo, los usuarios nacionales y extranjeros que quieran hacer inversión inmobiliaria en la ciudad, pueden buscar a las empresas que tengan buenas prácticas. Algo así como un ISO 9000 local.

La idea de la calidad en la construcción en nuestro medio ya ha sido esbozada y planteada hace unos tres años por el entonces Director Regional de Vivienda de La Libertad, el arquitecto Guillermo Malca. Él se refería a otorgar un SELLO DE GARANTÍA a los proyectos inmobiliarios, desde el anteproyecto, pasando por todas las etapas constructivas hasta la entrega y la post-venta. De otro lado, sabemos que de acuerdo a la Ley que formaliza a los gestores inmobiliarios, el próximo año solo podrán ejercer los que se encuentren inscritos en el Ministerio de Vivienda. Dicha ley puede sancionar y multar a los que la incumplen, lo que indica un “estado policíaco” en el tema.

Hay empresas extranjeras que han desarrollado sus “marcas de calidad”, que las otorgan a empresas en otros lugares; una especie de “franquicia” de calidad en la construcción.
Pienso que la Ley es buena. El único problema es el conjunto de malos usos. costumbres y vicios que hay actualmente. Por ejemplo, tengo un amigo que quería el diseño de su vivienda y contactó a un arquitecto. Cuando fue al Colegio de Arquitectos y se enteró que no estaba al día, rompió la relación, lo cual demuestra que la “lista blanca” funciona.

BENJAMÍN NÚÑEZ

Qué personas se encargarían de dar el Sello de Garantía? Los arquitectos somos muy volubles. Como Colegio Profesional no tenemos una buena imagen en la sociedad local, lo cual genera una desventaja. El Sello debe darse en la parte constructiva, no solo en el proyecto, ya que los mayores vicios se dan en obra. Pienso que los funcionarios de la municipalidad podrán responder a la pregunta inicial, si la ley incentiva o retrasa al sector, ya que ellos están en contacto directo con toda gestión al respecto. El municipio debe evitar la informalidad, evitar que se construya sin licencia y que después se quiera formalizar.

En el fondo, no nos debe interesar los que hacen malas prácticas, sino incentivar a los que desarrollan buenas prácticas en el sector. Por ejemplo, el CAP publica en su página web la relación de colegas que están al día en sus cuotas, es una especie de “lista blanca”. En el municipio debe existir un record de los profesionales que han hecho buenos proyectos, que han tenido pocas observaciones, lo cual es ya un primer indicador. Publicando la lista blanca, automáticamente se van decantando a los que hacen malas prácticas. Los castigos no siempre dan buenos resultados.

JULISSA OCOLA

La Ley 29090 indica que las Municipalidades están obligadas a informar a las Direcciones Regionales de Viviendas respecto de los proyectos revisados, las licencias otorgadas y las obras supervisadas. Hemos recibido del Ministerio de Vivienda los formatos respectivos y los hemos enviado a todas las municipalidades de la Región para su cumplimiento. La Gerencia de Vivienda podría asumir la función de solicitar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros que escojan aleatoriamente algunos proyectos revisados y aprobados en Comisión, para auditarlos y presentar un informe al respecto. Además podríamos incluir en nuestra página web la “lista blanca” de proyectistas y empresas constructoras que demuestren buenas prácticas, a partir de los informes que recibamos de las municipalidades y de los colegios profesionales. Es más, esta función se podría empezar a cumplir de inmediato, al margen de la implementación de la Ley, considerando todo lo actuado hasta el momento en el sector vivienda y construcción.

WINSTON BARBER

Toda Ley debe incentivar la inversión privada con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Esta Ley no debe ser la excepción.
En relación a las buenas y malas prácticas, comento en paralelo que en meses pasados la Sociedad Nacional de Minería separó a una minera que estaba haciendo problemas, porque incumplió el código de ética. El mensaje es que, con instituciones gremiales sólidas -como podrían serlo los colegios profesionales- no deberían generalizarse las malas prácticas, sino todo lo contrario.





CONCLUSIONES

Sinergia entre el Gobierno Regional y los Municipios Provinciales y Distritales para elaborar y publicar listados de empresas constructoras que desarrollan buenas prácticas en obras públicas y privadas.

Sinergia entre Municipios y Colegios Profesionales para elaborar y publicar listados de arquitectos e ingenieros con buenas prácticas proyectuales.
Que la revista Viviendo en Libertad continúe coordinando los Diálogos de Concertación entre sectores Públicos y Privados en torno a la evaluación de la implementación de la Ley

LEY 29092: ¿PROMUEVE O RETRASA EL DESARROLLO URBANO? parte III

JOSÉ LANDAURO

Sabemos que la Comisiones Técnicas a veces demoran, no se reúnen. La participación de los Revisores Urbanos será más fluida, más rápida. Eso es un punto a favor de esta Ley.
El cumplimiento de la ley es un tema de ética. Tenemos que ser más formales. Tenemos que incentivar a los Colegios Profesionales, no solo para que califiquen a sus agremiados sino para que los sancionen en casos necesarios.

Los Revisores Urbanos son unos “notarios técnicos” y la petición de sus servicios es potestativa. Si las Comisiones Técnicas coadyuvan a que se consiga una licencia de construcción en 15 días, entonces el usuario se va a orientar a dichas comisiones, concentrando el trámite en la municipalidad y evitando tener que contactar a cada revisor para su proyecto. Por tanto, los Revisores Urbanos no estamos muy seguros de que el usuario nos busque, en la medida en que la municipalidad tenga una mayor fluidez en la emisión de licencias.

Las “malas prácticas” de algunos profesionales miembros de Comisiones Técnicas también podrían darse en los Revisores Urbanos. Sin embargo, a diferencia de los “fallos colegiados” que emiten las Comisiones, los “fallos individuales” de los revisores están sometidos -en caso de irregularidad- a proceso penal.

El análisis de la Ley desnuda muchos aspectos negativos del quehacer proyectual y constructivo actual. Como consenso concluimos que existen problemas de formalidad, ética, disciplina y orden que se debe superar. Los colegios profesionales deben cambiar sus procedimientos y deben ser los encargados de sancionar a los agremiados que “le saquen la vuelta a la Municipalidad”, que a su vez “se saca la vuelta a sí mismo”. Se debe lograr el cumplimiento de una función profesional que debe ser ética y honrada.

NANCY PRETELL

Edificaciones mayores de cuatro pisos deben tener supervisión obligatoria. Sin embargo, hay algunos ingenieros y arquitectos que no son tan responsables de ese proceso. Hay casos en que la Municipalidad entrega los expedientes para la supervisión, y cuando los administrados (propietarios) solicitan la “Finalización de Obra”, resulta que nunca tuvieron visitas de supervisión y, por supuesto, se quejan porque pagan 900 o mil soles para ese fin. Calculo que el incumplimiento está alrededor del 80% de casos. Hubo un caso denunciado ante el Colegio de Ingenieros, en que el mismo administrado hizo sus informes y los llevó a hacerlo firmar por el supervisor.

Respecto a la idea de publicar en la página web de la Municipalidad la actividad constructiva privada, estamos de acuerdo en que se haga una “Lista Blanca” de buenas empresas.

Las Ordenanzas y sus reglamentos -respecto a esta Ley-
todavía no están publicados y por tanto aun no están vigentes. Eso implica que todavía es posible dar sugerencias como la de las AUDITORÍAS a expedientes revisados. Es cuestión de consultar con Asesoría Legal para determinar su implementación. También, se debe coordinar con los Colegios Profesionales para determinar qué tanto están dispuestos a procesos de esta naturaleza.


ADELÍ ZAVALETA

En cuanto a la actual falta de supervisión de obras, la MPT informa esa situación a los Colegios Profesionales y, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos responde que eso no es su potestad. Sin embargo pienso que deben asumir cierta responsabilidad, ya que los profesionales son Delegados seleccionados por sus Colegios. Hay casos de profesionales dejan sus informes de supervisión, luego cobran y al final vienen los administrados a quejarse porque sus obras nunca fueron supervisadas.

Otro caso. Ante una denuncia, la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Sub-Gerencia de Edificaciones fue a la obra de un semisótano la que, por estar sin licencia de construcción, fue paralizada. Al consultar por la persona responsable, resultó ser un profesional miembro de la Comisión Técnica.

Comisiones y Licencias

Hasta la gestión edil anterior, las comisiones técnicas revisoras de los expedientes de obra se reunían sólo una vez por semana. Desde el año pasado, por gestión con el Colegio de Arquitectos, la MPT tiene designadas dos comisiones que trabajan cuatro días a la semana. Cuando iniciamos la gestión una licencia podía demorarse 108 días en ser otorgada. Ahora se da en un promedio de 36 días. Esto se ha verificado a partir del piloto de TramiFácil que estamos implementando, y la idea es llegar a los 15 días. Ahora todo será digitalizado, se enviará a los usuarios notificaciones vía correo electrónico.

Actualmente, al día siguiente de solicitada una licencia de construcción, la MPT manda a un verificador para que constate que la obra no se ha iniciado. Se ha encontrado muchos casos de obra iniciada, y ahí la Arq. Nancy Pretell es la “mala de la película” porque tiene que paralizar la obra y regularizar lo que ya se ha construido, con la multa correspondiente. Entonces, se ha trabajado la supervisión, tal vez no al 100% pero se ha mejorado.

Es una lástima que, cuando sale una Ley que -se espera- deba ser positiva para la sociedad, tenemos que estar preparándonos para evitar todos los vicios que se cometen y se pueden seguir cometiendo, analizar cómo podrían “sacarnos la vuelta” para estar alerta y evitarlo. Pienso que antes de “premiar” a lo que hacen bien las cosas, hay que “castigar” a los que hacen mal.

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LEY 29092: ¿PROMUEVE O RETRASA EL DESARROLLO URBANO? parte II

MANUEL VILLALOBOS

"O cuestionamos la Ley o trabajamos para implementarla. "

Cuando salió la Ley, los Colegios de Arquitectos e Ingenieros se opusieron. Nosotros los ingenieros nos opusimos por una razón fundamental de concepto: conceptualmente la Ley establecía una política de castigo y no de prevención. Significa que, paralelamente, requeriríamos un equipo de demolición que funcionara en todo sitio. ¿Están las municipalidades en capacidad de hacer eso? Creo que es darles una tarea que deberíamos encargársela al ejército. ¿Cómo hacer que la gente, al recibir la Licencia de Construcción, no piense que está recibiendo una “patente de corso”.
Es cierto que la razón principal de la Ley es por la demora de los trámites, y eso es un problema ancestral. Alguna vez planteamos que la solución sería que los expedientes sean calificados por los Colegios profesionales, de tal manera que al Municipio vaya un expediente aprobado, y aquel se libre de la burocracia de tener que revisar y aprobar expedientes.

La simplificación administrativa ha derivado en una súper simplificación administrativa, otorgando licencias de construcción “a granel”, con lo que recargará la labor de supervisión a las municipales.

De otro lado, los ingenieros nos opusimos también por haber estado sensibilizados por lo ocurrido a raíz del terremoto en Ica y Pisco. Lo que se detectó ahí fue que el alto grado de destrucción fue motivado por deficiencias estructurales, a pesar de tener licencias de construcción otorgadas en un alto porcentaje. Por la magnitud del sismo no debió presentarse ese grado de destrucción, de lo que se deduce que estábamos fallando en el otorgamiento de Licencias. Sin embargo, al liberarse más entendemos que las consecuencias pueden llegar a ser peor.

Si se trata de que la aplicación de la ley es un acto consumado, nada ganamos cuestionándola. El Estado no ha recogido esta opinión de los Colegios. Nuestro papel es
entonces ahora al revés, tratar de buscar la mejor forma de aplicar esta ley y obtener el beneficio que todos esperamos. En los principios estamos de acuerdo, en que la ley debe promover la inversión, debe haber orden, calidad, agilidad administrativa… el problema es el “cómo”.
La empresa auditora que otorgue el sello de garantía debe ser una empresa consultora privada, con pautas del gobierno, ya que es ajena al proceso burocrático.

Como antecedente, una empresa acudió al colegio de ingenieros a pedir una certificación de su obra, le solicitaron el proyecto para revisarlo y no aprobó la evaluación, aun cuando este proyecto ya contaba con licencia en la Municipalidad.

Política de Disciplina

La municipalidad y los colegios profesionales deben instalar una política de disciplina. Los colegios deben acreditar a un conjunto de profesionales como Supervisores. La municipalidad debe verificar el cumplimiento de la labor de los supervisores. La municipalidad debe informar al Colegio respectivo el incumplimiento de tales o cuales supervisores, entonces el Colegio automáticamente suspende a los ingenieros o arquitectos según el caso-, sienta presedente y tendría que designar a otros supervisores.

Si por otro lado, la irregularidad se detecta en las empresas constructoras y sus proyectistas, debería haber un castigo o, al revés, un incentivo a quienes si hacen bien los procedimientos. Se debe señalar públicamente quienes cumplen y quienes no cumplen, para que el mercado se oriente adecuadamente. Así, empresarios y profesionales sentirán la necesidad de guardar un estatus de reconocimiento social acorde con la ética.

Cambio de paradigmas hacia la calidad

Estamos preocupándonos por implementar un régimen “policiaco” y no estamos viendo lo que respecta a las empresas, que son las que tienen que cumplir en primera instancia.
Hay una tendencia mundial de cambio de paradigma hacia “disminuir la inspección” y hacer que sea la empresa constructora la que asuma la responsabilidad de hacer las cosas bien. Eso se logra en países desarrollados a través de la acreditación de las empresas, cosa que no tenemos aun. En nuestro medio hay muy pocas empresas acreditadas, como Graña y Montero y Cosapi. Ellas no necesitan supervisores municipales, tienen sistemas internos y auditores externos que les dicen qué va mal para corregirlo motu proprio.

Hay que tener la seguridad de que esa es la solución a largo plazo. Todas las empresas que pretenden seguir en el mercado y que no tienen capitales golondrinos, seguirán esa tendencia. Y los usuarios a futuro preferirán empresas acreditadas, por la seguridad que les brindarán a sus construcciones.

El paradigma para las empresas constructoras es que la calidad cuesta, se cambiaría por la calidad es rentable. A las empresas les cuesta màs haciendo mal que haciendo bien.

Se debe premiar a las empresas que hagan bien sus obras.
Acuerdos Inter.-institucionales
El tema de los supervisores y revisores se debe resolver con un acuerdo inter-institucional entre Municipalidad y colegios profesionales, la Municipalidad califica y el colegio profesional sanciona o ratifica.

Los expedientes aprobados por la municipalidad (comisión técnica) deberían ser re-revisados (tal vez por muestreo) o, mejor aún, auditados por una comisión mixta especializada, aleatoriamente. Así se evita a los “grupos omni-potentes” de algunos profesionales de las Comisiones Técnicas, que saben actualmente que sus expedientes revisados no están expuestos a posteriores auditorías.
En mi opinión, la aplicación de la Ley es todavía “de pronóstico reservado”

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LEY 29092: ¿PROMUEVE O RETRASA EL DESARROLLO URBANO?

Desde su promulgación, el 24 de Setiembre del 2007, la Ley 29092 de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones he generado altísimos gastos de energía intelectual, tanto para defenderla como para atacarla.

Quienes la crearon y aprobaron dieron como principal argumento “el mayor incentivo para la inversión privada inmobiliaria con la agilización de trámites para obtener la Licencia de Construcción”, a partir de cambios radicales en los protocolos de presentación y revisión de expedientes, como de supervisión de obras.

Quienes se opusieron -principalmente los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros- tuvieron en “el escenario del caos y la absoluta inseguridad en las obras de construcción civil” su obvio argumento para declararla inaplicable a nuestra realidad.

En esta coyuntura, Viviendo en Libertad organizó su I DIÁLOGO INMOBILIARIO ESTADO-EMPRESA y reunió a preclaros actores del desarrollo urbano para debatir y esbozar una respuesta a la pregunta que inicia este artículo. Víctor León -VicePresidente Regional y ex Regidor de Desarrollo Urbano-, Adelí Zavaleta -Gerente de Desarrollo Urbano de la MPT- Manuel Villalobos y José Landauro -Past Decanos del Colegio de Ingenieros-, Winston Barber -Coordinador del Grupo Empresarial Pro Región La Libertad-, Fernando Sebastiani -empresario constructor e inmobiliario-, Benjamín Núñez -Decano de la Facultad de Arqutiectura de la UCV-, Nancy Pretell -Sub Gerente de Edificaciones de la MPT- y Julissa Ocola -representante de la Gerencia Regional de Vivienda-, nos acompañaron en esta convocatoria(*).

La Municipalidad Provincial de Trujillo está ad-portas de publicar sendas ordenanzas que le permitan adecuarse a la norma, con lo que dará una señal inequívoca de aceptación. Al respecto, los participantes del Diálogo concordaron en que, más allá de debatir si la mencionada Ley promueve o retrasa el desarrollo urbano, resulta más provechoso analizarla en detalle y promover los mecanismos adecuados para que su implementación signifique un verdadero cambio de paradigmas que conlleve a la mayor calidad en la construcción del hábitat urbano. Es decir, que autoridades y funcionarios nacionales, provinciales, distritales y vecinales junten sinergias con el empresariado constructor e inmobiliario, con arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, etc. y sus respectivo Colegios Profesionales y con la sociedad civil en su conjunto, para tan noble fin.
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(*) Los Regidores Pablo Penagos y Carlos Matos se disculparon por tener sesión de Consejo el día de la reunión. También lo hicieron Marcos Angulo -Decano de la Fac. De Arquitectura de la UPN-, Fernando Murgia y Miguel Contreras -empresarios constructores-

VÍCTOR LEÓN

Siempre ha sido una práctica habitual sacarle la vuelta a la norma. En cuanto a la supervisión, con la nueva ley lo que se tiene que lograr es el “acompañamiento” de la obra.
El espíritu de la ley es promover la inversión. Y para promover la inversión hay que ponerse en los zapatos de los inversionistas. El problema es que ellos caminan más rápido de lo que camina la municipalidad, porque tienen detrás al sistema financiero que los hace correr. En ese correr ellos tienen la traba municipal. Muchas veces los expedientes no eran revisados a tiempo porque los miembros de las comisiones no se reunían. Eso lo hemos padecido en la municipalidad cuando yo era regidor. Teníamos que mandar cartas a los decanos de los Colegios profesionales para que cambien de Delegados.

El debate para la correcta implementación de la ley debe pasar por los temas de ética y responsabilidad de los empresarios, los burócratas y los profesionales, y buscar mecanismos que sin que sean obstáculos burocráticos- permitan a la municipalidad mantener su cuota de control. Esto no debe ser una puerta abierta a la informalidad, a que todo el mundo construya y al final no puedan obtener su conformidad de obra por las irregularidades cometidas.

La municipalidad mejor que nadie sabe qué empresas son las que cumplen con la norma y cuáles son las que, por ejemplo, primero empiezan con la obra y luego presentan el expediente para la licencia. Haciendo referencia a otras realidades, en Europa las municipalidades no tienen las facultades “controlistas” que tienen las municipalidades en América Latina. En países desarrollados, la discusión o el control más se da en el Poder Judicial que en las municipalidades. Si alguien viola las normas, va a juicio. No hay proceso sancionador ni demolición, por eso la gente tiene miedo de enfrentarse a un Poder Judicial sólido.
En nuestro medio existe reciclaje de empresas, las empresas que no cumplen hoy desaparecen y aparecen luego con otra razón social pero con los mismos defectos.

Yo, como representante del Gobierno Regional, puedo ayudar a buscar mecanismos que permitan incentivar la calidad de las empresas en el cumplimiento de las normas y castigar a los que incumplen, publicar la lista de los que cumplen y los que no.
El Gobierno Regional y la Municipalidad deben convocar a los Colegios Profesionales para implementar un mecanismo de calificaciones, para hacer un ensayo de premiación. No es difícil detectar las “Buenas Prácticas” en la construcción. Por ejemplo, todas las entidades del estado que licitan obras pueden hacer una relación de empresas que han cumplido con calidad las obras encomendadas, para luego premiarlas.

A raíz del premio que recibió la Municipalidad del Ministerio de Vivienda por convertirse en uno de los más pujantes en el tema de la vivienda, se le dio una copia de la premiación a las entidades financieras y constructoras que recibieron buena calificación de parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano y sus sub-Gerencias. El sistema financiero en Trujillo reaccionó exponencialmente, establecieron oficinas y personal exclusivos para convertirse en promotores de vivienda.
Debemos empezar por un tema de MOTIVACIÓN y trabajar en paralelo, para el futuro, la ACREDITACIÓN en el sector de la construcción.

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