Quienes la crearon y aprobaron dieron como principal argumento “el mayor incentivo para la inversión privada inmobiliaria con la agilización de trámites para obtener la Licencia de Construcción”, a partir de cambios radicales en los protocolos de presentación y revisión de expedientes, como de supervisión de obras.
Quienes se opusieron -principalmente los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros- tuvieron en “el escenario del caos y la absoluta inseguridad en las obras de construcción civil” su obvio argumento para declararla inaplicable a nuestra realidad.
En esta coyuntura, Viviendo en Libertad organizó su I DIÁLOGO INMOBILIARIO ESTADO-EMPRESA y reunió a preclaros actores del desarrollo urbano para debatir y esbozar una respuesta a la pregunta que inicia este artículo. Víctor León -VicePresidente Regional y ex Regidor de Desarrollo Urbano-, Adelí Zavaleta -Gerente de Desarrollo Urbano de la MPT- Manuel Villalobos y José Landauro -Past Decanos del Colegio de Ingenieros-, Winston Barber -Coordinador del Grupo Empresarial Pro Región La Libertad-, Fernando Sebastiani -empresario constructor e inmobiliario-, Benjamín Núñez -Decano de la Facultad de Arqutiectura de la UCV-, Nancy Pretell -Sub Gerente de Edificaciones de la MPT- y Julissa Ocola -representante de la Gerencia Regional de Vivienda-, nos acompañaron en esta convocatoria(*).
La Municipalidad Provincial de Trujillo está ad-portas de publicar sendas ordenanzas que le permitan adecuarse a la norma, con lo que dará una señal inequívoca de aceptación. Al respecto, los participantes del Diálogo concordaron en que, más allá de debatir si la mencionada Ley promueve o retrasa el desarrollo urbano, resulta más provechoso analizarla en detalle y promover los mecanismos adecuados para que su implementación signifique un verdadero cambio de paradigmas que conlleve a la mayor calidad en la construcción del hábitat urbano. Es decir, que autoridades y funcionarios nacionales, provinciales, distritales y vecinales junten sinergias con el empresariado constructor e inmobiliario, con arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, etc. y sus respectivo Colegios Profesionales y con la sociedad civil en su conjunto, para tan noble fin.
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(*) Los Regidores Pablo Penagos y Carlos Matos se disculparon por tener sesión de Consejo el día de la reunión. También lo hicieron Marcos Angulo -Decano de la Fac. De Arquitectura de la UPN-, Fernando Murgia y Miguel Contreras -empresarios constructores-
VÍCTOR LEÓN
Siempre ha sido una práctica habitual sacarle la vuelta a la norma. En cuanto a la supervisión, con la nueva ley lo que se tiene que lograr es el “acompañamiento” de la obra.
El espíritu de la ley es promover la inversión. Y para promover la inversión hay que ponerse en los zapatos de los inversionistas. El problema es que ellos caminan más rápido de lo que camina la municipalidad, porque tienen detrás al sistema financiero que los hace correr. En ese correr ellos tienen la traba municipal. Muchas veces los expedientes no eran revisados a tiempo porque los miembros de las comisiones no se reunían. Eso lo hemos padecido en la municipalidad cuando yo era regidor. Teníamos que mandar cartas a los decanos de los Colegios profesionales para que cambien de Delegados.
El debate para la correcta implementación de la ley debe pasar por los temas de ética y responsabilidad de los empresarios, los burócratas y los profesionales, y buscar mecanismos que sin que sean obstáculos burocráticos- permitan a la municipalidad mantener su cuota de control. Esto no debe ser una puerta abierta a la informalidad, a que todo el mundo construya y al final no puedan obtener su conformidad de obra por las irregularidades cometidas.
La municipalidad mejor que nadie sabe qué empresas son las que cumplen con la norma y cuáles son las que, por ejemplo, primero empiezan con la obra y luego presentan el expediente para la licencia. Haciendo referencia a otras realidades, en Europa las municipalidades no tienen las facultades “controlistas” que tienen las municipalidades en América Latina. En países desarrollados, la discusión o el control más se da en el Poder Judicial que en las municipalidades. Si alguien viola las normas, va a juicio. No hay proceso sancionador ni demolición, por eso la gente tiene miedo de enfrentarse a un Poder Judicial sólido.
En nuestro medio existe reciclaje de empresas, las empresas que no cumplen hoy desaparecen y aparecen luego con otra razón social pero con los mismos defectos.
Yo, como representante del Gobierno Regional, puedo ayudar a buscar mecanismos que permitan incentivar la calidad de las empresas en el cumplimiento de las normas y castigar a los que incumplen, publicar la lista de los que cumplen y los que no.
El Gobierno Regional y la Municipalidad deben convocar a los Colegios Profesionales para implementar un mecanismo de calificaciones, para hacer un ensayo de premiación. No es difícil detectar las “Buenas Prácticas” en la construcción. Por ejemplo, todas las entidades del estado que licitan obras pueden hacer una relación de empresas que han cumplido con calidad las obras encomendadas, para luego premiarlas.
A raíz del premio que recibió la Municipalidad del Ministerio de Vivienda por convertirse en uno de los más pujantes en el tema de la vivienda, se le dio una copia de la premiación a las entidades financieras y constructoras que recibieron buena calificación de parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano y sus sub-Gerencias. El sistema financiero en Trujillo reaccionó exponencialmente, establecieron oficinas y personal exclusivos para convertirse en promotores de vivienda.
Debemos empezar por un tema de MOTIVACIÓN y trabajar en paralelo, para el futuro, la ACREDITACIÓN en el sector de la construcción.
puedes acceder a la segunda parte de este articulo parte II
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