MANUEL VILLALOBOS
"O cuestionamos la Ley o trabajamos para implementarla. "
Cuando salió la Ley, los Colegios de Arquitectos e Ingenieros se opusieron. Nosotros los ingenieros nos opusimos por una razón fundamental de concepto: conceptualmente la Ley establecía una política de castigo y no de prevención. Significa que, paralelamente, requeriríamos un equipo de demolición que funcionara en todo sitio. ¿Están las municipalidades en capacidad de hacer eso? Creo que es darles una tarea que deberíamos encargársela al ejército. ¿Cómo hacer que la gente, al recibir la Licencia de Construcción, no piense que está recibiendo una “patente de corso”.
Es cierto que la razón principal de la Ley es por la demora de los trámites, y eso es un problema ancestral. Alguna vez planteamos que la solución sería que los expedientes sean calificados por los Colegios profesionales, de tal manera que al Municipio vaya un expediente aprobado, y aquel se libre de la burocracia de tener que revisar y aprobar expedientes.
La simplificación administrativa ha derivado en una súper simplificación administrativa, otorgando licencias de construcción “a granel”, con lo que recargará la labor de supervisión a las municipales.
De otro lado, los ingenieros nos opusimos también por haber estado sensibilizados por lo ocurrido a raíz del terremoto en Ica y Pisco. Lo que se detectó ahí fue que el alto grado de destrucción fue motivado por deficiencias estructurales, a pesar de tener licencias de construcción otorgadas en un alto porcentaje. Por la magnitud del sismo no debió presentarse ese grado de destrucción, de lo que se deduce que estábamos fallando en el otorgamiento de Licencias. Sin embargo, al liberarse más entendemos que las consecuencias pueden llegar a ser peor.
Si se trata de que la aplicación de la ley es un acto consumado, nada ganamos cuestionándola. El Estado no ha recogido esta opinión de los Colegios. Nuestro papel es
entonces ahora al revés, tratar de buscar la mejor forma de aplicar esta ley y obtener el beneficio que todos esperamos. En los principios estamos de acuerdo, en que la ley debe promover la inversión, debe haber orden, calidad, agilidad administrativa… el problema es el “cómo”.
La empresa auditora que otorgue el sello de garantía debe ser una empresa consultora privada, con pautas del gobierno, ya que es ajena al proceso burocrático.
Como antecedente, una empresa acudió al colegio de ingenieros a pedir una certificación de su obra, le solicitaron el proyecto para revisarlo y no aprobó la evaluación, aun cuando este proyecto ya contaba con licencia en la Municipalidad.
Política de Disciplina
La municipalidad y los colegios profesionales deben instalar una política de disciplina. Los colegios deben acreditar a un conjunto de profesionales como Supervisores. La municipalidad debe verificar el cumplimiento de la labor de los supervisores. La municipalidad debe informar al Colegio respectivo el incumplimiento de tales o cuales supervisores, entonces el Colegio automáticamente suspende a los ingenieros o arquitectos según el caso-, sienta presedente y tendría que designar a otros supervisores.
Si por otro lado, la irregularidad se detecta en las empresas constructoras y sus proyectistas, debería haber un castigo o, al revés, un incentivo a quienes si hacen bien los procedimientos. Se debe señalar públicamente quienes cumplen y quienes no cumplen, para que el mercado se oriente adecuadamente. Así, empresarios y profesionales sentirán la necesidad de guardar un estatus de reconocimiento social acorde con la ética.
Cambio de paradigmas hacia la calidad
Estamos preocupándonos por implementar un régimen “policiaco” y no estamos viendo lo que respecta a las empresas, que son las que tienen que cumplir en primera instancia.
Hay una tendencia mundial de cambio de paradigma hacia “disminuir la inspección” y hacer que sea la empresa constructora la que asuma la responsabilidad de hacer las cosas bien. Eso se logra en países desarrollados a través de la acreditación de las empresas, cosa que no tenemos aun. En nuestro medio hay muy pocas empresas acreditadas, como Graña y Montero y Cosapi. Ellas no necesitan supervisores municipales, tienen sistemas internos y auditores externos que les dicen qué va mal para corregirlo motu proprio.
Hay que tener la seguridad de que esa es la solución a largo plazo. Todas las empresas que pretenden seguir en el mercado y que no tienen capitales golondrinos, seguirán esa tendencia. Y los usuarios a futuro preferirán empresas acreditadas, por la seguridad que les brindarán a sus construcciones.
El paradigma para las empresas constructoras es que la calidad cuesta, se cambiaría por la calidad es rentable. A las empresas les cuesta màs haciendo mal que haciendo bien.
Se debe premiar a las empresas que hagan bien sus obras.
Acuerdos Inter.-institucionales
El tema de los supervisores y revisores se debe resolver con un acuerdo inter-institucional entre Municipalidad y colegios profesionales, la Municipalidad califica y el colegio profesional sanciona o ratifica.
Los expedientes aprobados por la municipalidad (comisión técnica) deberían ser re-revisados (tal vez por muestreo) o, mejor aún, auditados por una comisión mixta especializada, aleatoriamente. Así se evita a los “grupos omni-potentes” de algunos profesionales de las Comisiones Técnicas, que saben actualmente que sus expedientes revisados no están expuestos a posteriores auditorías.
En mi opinión, la aplicación de la Ley es todavía “de pronóstico reservado”
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